Normativa para la construcción en Ibiza

El Consell de Ibiza aprobó a finales de 2016 una normativa más restrictiva para la construcción en suelo rústico, modificando así el Plan Territorial Insular (PTI). Ya a principios de 2016 entró en vigor el Decreto Ley 1/2016 del Gobierno Balear que modifica la ley del suelo, entre otros, y deja en suspenso la aplicación de las normas existentes. El Gobierno en Palma fundamenta esta actuación en la urgencia de evitar daños irreversibles. La suspensión de ciertas normas es provisional y solo regirá hasta que se apruebe la normativa correspondiente definitiva. Para ello, el Gobierno se ha fijado un plazo hasta finales de 2017.
Cabe destacar los siguientes puntos principales del PTI:
• La superficie construida máxima de las viviendas unifamiliares en suelo rústico común se reduce a 320 m2, incluyendo anexos. No se podrá construir más de una piscina por vivienda y el espejo de agua no podrá exceder los 35 m2.
• No se podrán construir nuevas viviendas en los terrenos incluidos en Red Natura 2000 y en los calificados como Suelo Rústico Protegido de Interés Paisajístico (SRP-ARIP), Áreas de Prevención de Riesgos de Incendio (SRP-APR) o Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F).
• No se podrá edificar en parcelas segregadas después del 1 de noviembre de 2016, excepto si se trata de donaciones de padres a hijos o de herencias entre parientes. Con esto se pretende evitar la fragmentación de las parcelas y la urbanización excesiva del suelo rústico.
• Los vallados tendrán que ser adaptados al entorno natural y podrán tener un metro de altura como máximo.
• Todos los nuevos proyectos de construcción de edificaciones en suelo rústico deben prever un depósito para aguas pluviales con una capacidad de por lo menos 15.000 litros.
No está claro si las modificaciones del PTI regirán también para los proyectos ya presentados. Según la disposición transitoria de la Normativa, no serán de aplicación a las solicitudes de licencia de obras que cuenten con la documentación completa. ¿Significa esto que dicha documentación debe obrar en poder del Ayuntamiento cuando éste remite el expediente de obras al Consell? ¿O es el Consell quien, antes de emitir un informe favorable, decide si el expediente contiene la documentación completa? Seguramente, en muchas ocasiones surgirán dudas al contexto de la aplicación de estas disposiciones y éstas únicamente podrán ser aclaradas mediante la interpretación de la normativa legal.