
Con la reforma del verano de 2017 se introdujeron cambios sustanciales en la Ley del turismo y las condiciones para obtener una licencia se endurecieron notablemente. En teoría, la nueva normativa permite alquilar como vivienda vacacional no solo casas aisladas unifamiliares sino también pisos y apartamentos, pero hasta la fecha el Consell Insular no ha autorizado el arrendamiento turístico en ningún complejo residencial.
La nueva normativa genera una serie de obstáculos burocráticos que complican el arrendamiento de viviendas a veraneantes. En primer lugar hay que averiguar si está permitido este tipo de arrendamiento en la zona en la que esté ubicada la casa en cuestión. Los Ayuntamientos tienen autonomía para decidir si quieren permitir el alquiler vacacional en el municipio o no. Lamentablemente, en Ibiza todavía no están delimitadas definitivamente las zonas en las que está permitido el alquiler turístico. Por lo tanto, el primer paso consiste en informarse en el Ayuntamiento si está permitido en la zona o no. Además, la casa no puede ser una vivienda nueva y tiene que haber sido utilizada para fines privados durante por lo menos 5 años. Hay que presentar una cédula de habitabilidad vigente y un certificado energético en el Consell Insular. Asimismo, el propietario tiene que contratar un seguro de responsabilidad civil con unas condiciones especiales. En el caso de una vivienda unifamiliar, el coste por plaza asciende a unos 4000 €. El número de plazas está establecido en la cédula de habitabilidad. Si en la cédula están indicadas 6 plazas, habrá que pagar un total de
24.000 € por la licencia.

Por añadidura, el propietario tendrá que presentar al Consell una serie de documentos, en primer lugar, la declaración responsable de inicio de actividad turística de comercialización de estancias turísticas en viviendas (DRIAT) y los planos y la documentación del inmueble. También hay que aportar la documentación que acredite la titularidad y la adquisición de las plazas de acuerdo con la cédula. Además, el Consell exige un certificado del Ayuntamiento correspondiente que confirme que la vivienda se encuentra en una zona donde el alquiler turístico está permitido y un documento que acredite que el inmueble cumple los requisitos establecidos por la ley para el equipamiento de viviendas turísticas.
Después de pagar las tasas de la solicitud se obtiene un número de licencia provisional. Desde que se solicite el permiso pueden pasar hasta cinco años hasta la concesión de la licencia definitiva, pero se puede alquilar el inmueble desde el momento que se presente la solicitud. En los anuncios en portales como Airbnb hay que indicar el número de la licencia, lo que permite tanto a las autoridades como a los clientes comprobar si se trata de un alquiler legal. El solicitante deberá poner a disposición de todos sus clientes una hoja de reclamaciones editada por el Consell.
Como se puede ver, la obtención de una licencia turística supone una inversión considerable de dinero y de tiempo. Estos permisos están vinculados al inmueble, pero no a la persona, por lo que, si se compra una casa que ya dispone de una licencia turística, no solo se la puede alquilar inmediatamente, sino se ahorrarán todos estos costes.
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