¿QUÉ ES EL COMERCIO DE CARBONO?

  Los líderes de la mayoría de los países del mundo estuvieron presentes en diciembre pasado en Copenhague para participar en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) con el objetivo de establecer herramientas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), uno de los factores ampliamente considerados como agravantes del caos climático en el que ya estamos inmersos. ¿Cuáles son entonces las herramientas que debate la CMNUCC, y cuáles de ellas están presentes en el Acuerdo de Copenhague que resultó del encuentro COP15? Todas giran en torno al comercio de emisiones de carbono, que según sus defensores contribuirá a reducir emisiones y hacerlo al coste más bajo, a la vez que estimula las inversiones en infraestructuras con menores emisiones y genera fondos para que los países en vías de desarrollo puedan afrontar los cambios en el clima. El mercado de emisiones de carbono es parecido al bursátil, pero lo que se compra y se vende es un producto creado artificialmente: el derecho a emitir gases de efecto invernadero (GEI). Funciona así: a cada industria se le establece un tope que limita la cantidad de GEI que puede emitir, con la idea de que este tope se reduzca cada año para estimular la reducción de emisiones. Si una industria se pasa de este tope, sin embargo, puede comprar créditos de otra que no está emitiendo tanto como podría. Algunos expertos muestran inquietud por estos topes, ya que a las industrias que contaminan mucho se les otorgan topes más elevados, lo cual supone otorgarles una “licencia para seguir contaminando”, que además pueden complementar con créditos comprados a otras empresas. Muchos analistas mantienen que sería mucho más efectivo crear leyes que obliguen a las industrias a invertir en formas de producción que contaminen menos. El comercio de carbono está intrínsecamente ligado a la compensación de emisiones (“offsetting”), que permite a países desarrollados cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones pagando a países en vías de desarrollo para que lleven adelante proyectos con emisiones de GEI reducidas. Una de las herramientas principales para distribuir estos fondos es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que otorga fondos a proyectos, como por ejemplo la colocación de filtros de GEI en la chimenea de una fábrica en India. El “ahorro” de emisiones resultante (es decir, cuántos menos GEI se calcula que emitirá esa chimenea gracias a la inversión del MDL) se traduce en “créditos de carbono” que pueden ser vendidos después a una fábrica en Europa, por ejemplo, que está emitiendo por encima de su tope. Desgraciadamente, según señalan muchos expertos, esto no supone una reducción real de emisiones, sino la creación de un producto comerciable (créditos de carbono) a partir de restar lo que se espera que pase de lo que se estima que hubiese pasado. Otra realidad que muchos observadores han remarcado es que, hasta ahora, el MDL está invirtiendo sobre todo en tecnologías que emiten muchos GEI y que dependen de los combustibles fósiles, como el carbón, en lugar de destinar tan valiosos fondos a desarrollar tecnologías limpias, lo que supone que podría de hecho contribuir a encadenarnos a un desarrollismo contaminante y desfasado. Otros expertos avisan de que podría condenar a su vez a los países más pobres a mayor pobreza, ya que el coste de solicitar fondos del MDL está por encima de los $100.000 y sólo las grandes empresas pueden competir por ellos.
Otra herramienta que se utiliza para facilitar el offsetting es el programa REDD (Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques), y su versión más nueva REDDplus, mencionada en el Acuerdo de Copenhague. La idea es ofrecer incentivos financieros que animen a quienes se dedican a la tala de bosques a pasarse a la gestión de bosques, lo que reduciría las emisiones provocadas por la tala de bosques primarios autóctonos (que se da sobre todo en países en vías de desarrollo), y generaría créditos de carbono comerciables. Aunque la idea suena muy bien, muchos críticos expertos opinan que en la práctica supone reforzar la tendencia a “pagar a quien contamina” y ofrece oportunidades de lucro sólo para quienes tienen dinero para invertir, mientras los créditos generados permiten que las industrias occidentales sigan contaminando. Por desgracia, además, ya se ha detectado que REDD está causando el desplazamiento de comunidades indígenas cuyos bosques ancestrales son comprados y vallados por multinacionales para compensar sus emisiones, y además está exacerbando la corrupción y el mal gobierno en algunos países con bosques tropicales. También son inquietantes los pasos que se están dando para definir como “bosque” a las plantaciones (como el eucalipto el aceite de palma), lo que supondría que un bosque ancestral intacto valdría lo mismo en el mercado de carbono que un monocultivo de aceite de palma, amenazando gravemente a la biodiversidad y a las especies y modos de vida autóctonos. El comercio de carbono es una herramienta mercantil que no reduce las emisiones directamente, en contraste con otras herramientas más directas como son la tasación y la legislación de las emisiones, o la inversión pública en una economía que emita menos. Otra preocupación que expresan muchos analistas expertos es que, debido a la complejidad de los mercados de carbono y a la especulación, existe el riesgo de que se cree una “burbuja de carbono” que lleve a un colapso financiero similar o peor que el causado recientemente por la “burbuja inmobiliaria”.
Entre tanto, el comercio de carbono podría ser una peligrosa cortina de humo que nos provoque una falsa sensación de seguridad, de que se está haciendo algo eficaz frente al reto climático. Merece la pena señalar que su impulso principal es el interés económico de una élite (este nuevo mercado movió $126 mil millones en el 2008, y se espera que alcance los $3,1 billones anuales para el 2020), y que lejos de solucionar los problemas parece destinado a mantener el estilo de vida occidental, mientras se malgastan valiosos fondos que podrían y deberían invertirse en soluciones más prácticas.
Los científicos expresan claramente que la reducción de emisiones y la transición a una economía baja en emisiones de GEI deben suceder en todo los países, tanto del Norte desarrollado como del Sur, y deben suceder con rapidez si queremos evitar cambios catastróficos en el clima. El Norte supone sólo el 15% de la población mundial, pero causa el 75% de las emisiones globales, por lo que muchos reclaman que debe ejercitar la obligación moral de realizar las mayores reducciones de emisiones y proveer fondos al Sur para compensar por los impactos climáticos que ya están sufriendo los más pobres, además de apoyar un desarrollo limpio.
Por desgracia, las negociaciones están muy atascadas en torno a estos y otros temas complejos, por lo que un acuerdo global vinculante que realmente aborde las causas sistémicas de nuestras actuales crisis parece muy lejano. Mientras, nosotros, habitantes del mundo desarrollado, tenemos que liderar el camino analizando nuestros propios hábitos de consumo y tomando las decisiones diarias que nos permiten reducir nuestro impacto ambiental, mostrando a nuestros líderes que estamos dispuestos a realizar los cambios y sacrificios que serán necesarios para afrontar de forma realista los retos que tenemos ante nosotros. •
Texto: Ana Digón