España actúa contra la inflación

España ha tomado medidas para regular a las empresas que han provocado la inflación al subir injustamente sus precios. Estas empresas se escudan en el conflicto en Ucrania, problemas en la cadena de suministro, etc. para justificar el aumento de la inflación durante el año pasado, pero los economistas señalan que estos factores sólo han tenido un efecto menor, si es que han tenido alguno. La verdadera causa de la inflación son las empresas que utilizan esos factores como excusa para obtener beneficios récord subiendo los precios. La prueba de ello es una simple ecuación: si las excusas de la inflación hubieran elevado los costes de los productores, sus beneficios serían normales. Los precios más altos se compensarían con los costes más altos, por lo que los beneficios serían similares a los de años anteriores. Pero, de hecho, las empresas afectadas han utilizado los precios altos para obtener beneficios muy superiores a los que habrían obtenido normalmente. 

La respuesta a este tipo de injusticia económica se llama "impuesto sobre los beneficios excesivos". Los beneficios obtenidos mediante subidas de precios injustificadas se gravan con un tipo más alto, y ese dinero se utiliza para ayudar a los más perjudicados por la inflación. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirma: "Los beneficios de la subida de precios deben revertir en los ciudadanos en lugar de engordar los sueldos de los grandes empresarios. No vamos a permitir que el sufrimiento de muchos sea la ganancia de ciertos individuos". Para lograr este objetivo, el Gobierno ha instituido un impuesto sobre el exceso de beneficios durante dos años para las grandes empresas que hagan más de mil millones de euros de negocio al año. Esto incluirá a las empresas energéticas, las entidades financieras y otras empresas que se benefician injustamente de la subida de precios. 

Sánchez continuó diciendo: "La inflación es una grave enfermedad que empobrece a todos, especialmente a los grupos más vulnerables". El nuevo impuesto sobre el exceso de beneficios debería generar unos siete mil millones de euros en los próximos dos años, y ese dinero se utilizará "para proteger a la clase media y a los trabajadores". Parte del plan consiste en poner un límite máximo a las subidas de los alquileres, y en reducir el IVA de la electricidad del 10% al 5%. Además, las pensiones bajas subirán un 15%, se incrementará el salario mínimo y el transporte público será gratuito.