La nueva ‘Ley Mordaza’

El pasado mes de diciembre, el Partido Popular que gobierna en España aprobó nuevas leyes que limitan las protestas públicas, incrementando el poder de la policía e imponiendo elevadas multas por toda una serie de actividades. La ley ha sido denominada la ‘Ley Mordaza’ porque tiene la clara intención de recortar los derechos democráticos de la gente a protestar contra las acciones del gobierno. Sus opositores en el Parlamento dicen: «Esta ley es una vuelta al estado policial, y es innecesaria… quieren recortar drásticamente los derechos de los ciudadanos y eliminar los límites legales».
El día en que fue aprobada la ley, miles de ciudadanos indignados tomaron las calles en todas las principales ciudades españolas para manifestarse contra este ataque a sus libertades civiles. El Presidente Rajoy, del PP, defiende esta ley diciendo que «una de las obligaciones del gobierno es garantizar la libertad y la seguridad de todos sus ciudadanos», y argumenta que la nueva ley no está hecha para amordazar a los ciudadanos, sino para protegerles. Mientras, los activistas por los derechos humanos alegan que quitarle a la gente sus derechos supone una forma extraña de protegerla.
Las provisiones de esta ‘Ley Mordaza’ entran en dos categorías básicas: 1) aquellas que otorgan amplísimos poderes a la policía, y 2) aquellas que establecen grandes multas para actividades que hasta ahora eran legales a no ser que se demostrara lo contrario. Veamos los detalles de cada categoría:
1) Provisiones que empoderan a la policía y recortan los derechos básicos:
• El gobierno puede prohibir cualquier protesta a discreción si siente que el ‘orden’ se verá alterado.
• La policía puede realizar controles de identidad aleatorios, enfatizando más en los perfiles raciales.
• La policía puede llevar a cabo redadas a discreción, incluso cuando no haya habido alteración del orden.
• La policía puede llevar a cabo registros personales externos a discreción.
• La policía puede crear legalmente ‘listas negras’ de manifestantes, activistas y medios alternativos.
• Cualquier ‘infraestructura crítica’ (definida a discreción por el gobierno) se considera ahora una zona prohibida para reuniones públicas.
Como puede apreciarse, estas leyes otorgan al gobierno muy amplios poderes para definir lo que es legal y lo que no. No debe, por tanto, sorprender que muchos teman el fantasma del pasado no tan lejano de España, cuando ésta era un estado autoritario y no democrático. En una sociedad libre, las acciones del gobierno y su policía están limitadas por los derechos básicos de cada ciudadano. Esta ley ha encolerizado a la gente porque les niega muchos de esos derechos, al permitir al gobierno utilizar su poder arbitrariamente.
2) Provisiones para multas preceptivas:
Las siguientes están todas clasificadas como ofensas ‘serias’ y sujetas a multas que van desde los 600€ a los 30.000€. Previamente, este tipo de acciones llevaban a los manifestantes a un juicio donde se podían defender ante un juez. Esta legislación retira esa presunción de inocencia y define automáticamente estas acciones como criminales:
• Reunirse o encontrarse frente al Congreso.
• Fotografiar o grabar a la policía.
• La desobediencia pacífica a la autoridad.
• Ocupar bancos como forma de protesta.
• Impedir el desahucio de una propiedad.
Estas provisiones son un claro reflejo del deseo del gobierno de proteger a los bancos y a la policía, en lugar de proteger al pueblo. ¿Por qué temen que la policía sea fotografiada o grabada? Si la policía está actuando dentro de los límites de la ley para proteger a las personas, deberían estar contentos de ver sus acciones grabadas. Contrariamente, si están abusando de su poder, entonces el público debería saberlo. ¿Por qué se excluye específicamente a los bancos de las protestas, mientras sus esfuerzos por sacar a la gente de sus hogares son totalmente protegidos? No es de sorprender que esta ley haya sido fuertemente criticada por grupos de defensa de los derechos humanos, que dicen que se trata de un intento por parte del gobierno conservador de acallar las protestas sobre su forma de manejar la crisis financiera española. Una mirada a la historia tras esta ley puede arrojar algo de luz sobre su verdadera intención.
El partido conservador del PP recuperó el gobierno en el 2011, y pronto impuso una serie de medidas de austeridad en un esfuerzo por estabilizar el déficit y evitar un rescate. La mayoría de estas medidas afectaron más negativamente a las clases trabajadoras y los pobres. Las ayudas gubernamentales a los menos afortunados fueron recortadas severamente. El IVA fue elevado, a pesar de que se trata de una forma muy regresiva de recaudar dinero, ya que afecta más a quienes menos pueden pagarlo. Al mismo tiempo, los bancos (cuya temeraria política de préstamos había causado la crisis), fueron rescatados y protegidos. Como resultado, millones de personas se vieron amenazadas con la pérdida de sus hogares, pero en lugar de ayudar a esas personas, el gobierno ha tomado parte a favor de los bancos. Podían haber ayudado a quienes no podían pagar sus hipotecas, obligando a los bancos a refinanciar sus deudas, pero en su lugar apoyaron a los bancos en los desahucios. Estas medidas generaron un incremento de las protestas en las calles, incluyendo varios intentos de rodear el Parlamento y otros edificios gubernamentales. Algunas de esas manifestaciones acabaron con encontronazos con la policía y contenedores de basuras en llamas.
Los opositores argumentan que el gobierno del PP utilizó la violencia menor de estas manifestaciones aisladas como excusa para redactar una legislación muy amplia que controle todas las protestas. El borrador original de la ley fue introducido en noviembre del 2013, y era más severo incluso que lo que tenemos ahora. Entre otras cosas, incluía fuertes multas para los manifestantes que llevasen pancartas si el gobierno sintiera que eran «dañinas para España o sus regiones». También otorgaba a los guardas de seguridad privados el derecho de ayudar a la policía a dispersar manifestaciones. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, siendo quien vela para que se cumpla la ley) y el Consejo de la Fiscalía elevaron inmediatamente objeciones contra esta ley, avisando de que partes del borrador podrían ser anticonstitucionales. Como resultado, se eliminaron algunas de las partes más duras de esta ley, pero la constitucionalidad de la misma tal cual está sigue siendo cuestionable.
Todo gobierno tiene el derecho y la obligación de mantener la paz para sus ciudadanos. Pero en un país libre, este deber debe cumplirse dentro de los parámetros de unos derechos individuales inalienables que están garantizados por la constitución. Cuando estos derechos son ignorados, el gobierno obtiene el control total sobre nuestras vidas, y esto abre las puertas a la corrupción. Recordemos el antiguo proverbio: «El poder corrompe… y el poder absoluto corrompe absolutamente». Para que la democracia y la libertad sobrevivan, el derecho de la gente a manifestarse pacíficamente ante las acciones del gobierno es esencial. La oposición a esta ‘Ley Mordaza’ continúa creciendo, y en palabras de la líder anti-desahucios Ada Colau: «No tenemos miedo. Conocemos el poder del pueblo». •