EDICIÓN: Abril - junio 2016

Encontrando soluciones: alquileres en Ibiza

Carmen Loren Ceballos
Todos aquellos que han intentado encontrar una vivienda asequible en alquiler en Ibiza puede que no sean conscientes de que el capítulo 47 de la Constitución Española reza de la siguiente forma: 
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
 
Asimismo el derecho a la vivienda aparece recogido también en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
 
La ley parece bastante clara, no obstante, desde hace tiempo, han empezado a proliferar los casos de residentes (ibicencos incluidos) que están abandonando la isla de Ibiza ante la imposibilidad de encontrar una vivienda en alquiler a precios razonables. Estamos hablando de personas y familias que, aun teniendo trabajo e ingresos, no pueden acceder a un piso o casa en alquiler. Los precios inflados, fianzas, depósitos, comisiones y avales descomunales, no contemplados por la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) son parte del problema. Además, existen los subarrendamientos ilegales de viviendas y habitaciones, a precios astronómicos, como consecuencia de la demanda creada durante la temporada de verano. La especulación desenfrenada, los agentes inmobiliarios ilegales y los intermediarios han encontrado aquí un caldo de cultivo excelente para convertir un bien de necesidad básica y supuestamente amparado por nuestra Constitución, en un artículo de lujo prohibitivo.
 
La situación ha llegado a un límite donde existen innumerables afectados buscando desesperadamente un lugar donde vivir, mientras que al mismo tiempo hay miles de viviendas vacías, algunas en manos de las entidades financieras y otras pertenecientes a propietarios que mantienen sus apartamentos cerrados durante el invierno, a la espera de aprovechar la siguiente temporada estival, para destinarlos al alquiler turístico, en ocasiones también de manera ilegal. La necesidad de encontrar y aplicar soluciones a esta realidad es urgente e inestimable. En España existen ejemplos de iniciativas tanto privadas como públicas concebidas para ayudar a paliar el problema del acceso a la vivienda en régimen de alquiler y que pueden servir como fuente de inspiración para empezar a tomar medidas en Ibiza.
 
Para conocer estos proyectos, hemos tenido la oportunidad de conversar largo y tendido con el director de la primera inmobiliaria española que se autodenomina como “ética”, su nombre es Etikalia y tiene su sede en Bilbao, País Vasco, una de las ciudades españolas más caras para alquilar una casa. Roberto Cacho, su director gerente, nos comenta que su trabajo se basa en lo que llaman, «la triple cuenta de resultados», resultados económicos, sociales y medioambientales. La novedad que ellos proponen a los propietarios para incentivar la salida al mercado de sus viviendas vacías es un seguimiento y gestión profesional de cada vivienda tras la firma del contrato, de tal modo, que se encargan de mediar entre el arrendatario y el arrendador durante toda la duración del pacto inmobiliario y hasta incluso después del mismo. Además, el inquilino no es quien paga la comisión de agencia y no existen fianzas, ni avales que estén contemplados en la LAU.

También hemos tratado el tema, con Roberto Cacho, sobre la respuesta institucional que el Gobierno del País Vasco ha venido dando durante los últimos años al problema del acceso a la vivienda, ya que anteriormente a Etikalia, Roberto Cacho fue responsable del programa vasco de alquiler de vivienda pública, “Bizigune”, que ha funcionado con bastante éxito en los últimos años según sus palabras y que actualmente tiene un parque de viviendas de alrededor de 4.000 en todo Euskadi. Una iniciativa con la que el gobierno regional incentiva la salida al mercado de viviendas vacías para su posterior alquiler social rotatorio por la cantidad de 300€ al mes. Asimismo, y con la aprobación el pasado mes de junio de 2015 de la nueva Ley Vasca de Vivienda, se ha regulado el llamado “derecho subjetivo a la vivienda”, por el cual todo ciudadano empadronado en Euskadi tiene derecho a tener una vivienda en alquiler y si no puede acceder a ella puede reclamársela a la administración y si ésta no responde puede acudir a los tribunales. Al igual, el texto recoge la penalización de la existencia de pisos y casas vacías de modo que los propietarios que tengan una vivienda cerrada y en el plazo de dos años no la hayan puesto a la venta o en alquiler –quedan excluidas las residencias de verano– deberán pagar un canon, establecido en 10 euros por metro cuadrado que irá incrementándose cada año que pase la vivienda sin ser habitada.
 
Estos son algunos ejemplos de medidas que se están aplicando ya en otras comunidades autónomas. Para llevarlo a cabo en Ibiza se necesita la existencia de una masa crítica entre los ciudadanos que comience a llamar la atención sobre este conflicto y que genere una corriente de opinión en favor de los afectados. La mejor forma de conseguir la implicación de las instituciones es uniéndonos para generar conciencia en la comunidad de la isla. Desde hace meses, empieza a existir una cierta reacción y movilización ciudadana a través de diferentes páginas en Facebook y plataformas ciudadanas que están intentando dar voz a los afectados y que incluso han pasado a la acción a través de denuncias ante la administración de Hacienda.
 
La voluntad política para dedicar recursos a paliar esta situación es clave para llegar a una solución y esto sólo puede venir a través de una mayor conciencia y sensibilidad en la comunidad. La administración gubernamental debe fomentar que las propiedades vacías salgan al mercado de alquiler y también establecer programas de alquiler social. Esto solo ocurrirá si la población entiende el enorme impacto negativo causado por las viviendas vacías y la especulación como una forma de ganarse la vida. Recordemos que la Constitución dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Es de esperar que las autoridades de Ibiza reciban el mensaje y trabajen más por hacer que la vida aquí sea asequible.